INTENTAN ABOLIR LA PATRIA POTESTAD

Una encuesta sobre la legalización del aborto arrojará distintos resultados si se realiza en el Encuentro Nacional Feminista o en la procesión de Corpus Christi. Del mismo modo que se puede manipular el resultado de una encuesta al seleccionar la muestra, se puede manipular un “consenso de expertos”. Dicho de otro modo, reunir una veintena de amigos ideológicos para fundamentar lo que quiero hacer, dista mucho de convocar a un grupo de expertos para discutir un tema.

Los “consensos de expertos”

Los “consensos de expertos” son utilizados reiteradamente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente por la Adjuntía de Derechos Humanos que encabeza la feminista Diana Maffía.

Recordemos que el 2 mayo de este año, Alfredo Stern, Secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dictó la resolución 874/03 para que los hospitales porteños liguen las trompas sin autorización judicial. La resolución –tal como rezan sus considerandos- se basó en las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y las conclusiones de un “consenso de expertos”, integrado por 19 profesionales, que la misma defensoría había convocado el 30 de Mayo de 2000.

"Consenso de expertos" sobre salud reproductiva de niños y adolescentes

El pasado 14 de julio la defensora adjunta porteña, Diana Maffía, y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad realizaron, en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires, un "Encuentro de expertos sobre salud integral de niños, niñas y adolescentes".

Según la defensoría, la convocatoria se realizó porque en la práctica hospitalaria se suceden frecuentemente “conflictos entre los derechos de niños, niñas y adolescentes con relación a los servicios de salud, y el ejercicio de la patria potestad” particularmente “en temas de sexualidad y reproducción”.

El resultado es un “consenso de expertos” que concluyó que "la patria potestad no es absoluta" y que, por lo tanto, hay que brindar atención en salud a los niños y adolescentes –incluida, especialmente, la salud reproductiva- con o contra la voluntad de sus padres.

“La no asistencia a niños/as y adolescentes –dice el consenso- puede encuadrarse en la figura de abandono de persona”. Vale decir, además de no estar prevista la objeción de conciencia de los médicos que no estén de acuerdo con suministrar anticonceptivos –incluidos los de efecto abortivo, que en Buenos Aires son moneda corriente- se amenaza a los profesionales con encuadrarlos en un delito que no es excarcelable. Los profesionales de la salud –dicen los expertos- “deben formar parte del proceso educativo en salud como formadores” y “la salud integral de niños/as y adolescentes no debe estar restringida al sector salud sino que debe extenderse a la educación”. Curioso e innovador concepto el del médico-formador, que desplaza a los primeros educadores -los padres- y que sólo abarca a los profesionales que promueven la anticoncepción.

Todo esto se hará, además, “priorizando la perspectiva de género” y se acompañará con campañas de difusión.

Se impulsará, además, la modificación de la legislación civil en materia de patria potestad. Mientras tanto “en caso de conflicto interpretativo entre el régimen de patria potestad (Código Civil) y la Convención sobre los Derechos del Niño -estiman los "expertos"- debe prevalecer esta última por revestir una jerarquía superior”. Cabe destacar que el "consenso de expertos” ignoró la reserva argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño que dice que “las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable” (ley 23.849).

Se propuso también “reformar el artículo 4º inc. h, puntos 3 y 5 de la Reglamentación de la Ley Básica de Salud” pata eliminar el requisito de la edad, que impone un límite de 18 años para prestar el consentimiento ante la realización de una práctica médica.

Es de temer que Alfredo Stern, Secretario de Salud, dicte una resolución complaciendo, una vez más, los ilegales reclamos de la Defensoría del Pueblo; ya que en el acto del Hotel Savoy, la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a dictar una resolución en base a las conclusiones de los “expertos”.

Recordemos finalmente que la defensora adjunta Diana Mafia, impulsora de este “consenso”, es uno de los candidatos a Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y que el 22 de septiembre, a las 11 hs, en la sede de la Legislatura -Perú 160-, hay una Audiencia Pública, convocada por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los candidatos. El Defensor del Pueblo será elegido el 30 de septiembre próximo en una sesión especial de la Legislatura. FIN

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NOTIVIDA, Año III, nº 169, 16 de septiembre de 2003

Editores: Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río

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