NOTIVIDA, Año II, nº 74, 08 de mayo de 2002

Buenos Aires, Argentina 

LOS FISCALES DE LA NACIÓN INSTAN AL SENADO A RESPETAR EL DERECHO A LA VIDA, LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 

El escrito dirigido a la Comisión de Legislación General sobre un proyecto de ley que supuestamente protegería a los niños y adolescentes, es aplicable a todos los proyectos -nacionales y provinciales-, a las reglamentaciones municipales, y a las leyes ya sancionadas de protección de los derechos de los jóvenes, de salud reproductiva y de educación sexual. 

Cabe tener muy en cuenta que el 7 de mayo, ayer, se realizó en el Senado una reunión feminista exigiendo la ratificación del Protocolo Opcional de la Convención de la Mujer (CEDAW), con esa ocasión la dirigente abortista María José Lubertino declaró que "en este momento el movimiento de mujeres tiene tres ejes de lucha: la ratificación del Protocolo del CEDAW, y la sanción de las leyes de Protección de Derechos del Niño/a y del Adolescente y de salud reproductiva (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable)". A su vez, la médica abortista Mabel Bianco, que preside el FEIM, ONG con estatus consultivo en la ONU, expresó que en este momento que se está celebrando la Asamblea General Niño+10 en New York, la prioridad es la sanción de la ley de Protección Integral de Derechos del Niño/a y del Adolescente, "pues esa ley asegura el acceso a los servicios de salud reproductiva de los adolescentes, sin pasar por sus padres". 

El escrito de los fiscales al Senado 

Los titulares de las Fiscalías de Menores nº 4, 5 y 7 y de la Defensoría de Menores nº 1, hicieron llegar a la Presidente de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, Senadora Dra. Liliana Negre de Alonso, "las reflexiones más trascendentes", que les merece el proyecto de ley de Régimen de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y del Adolescente (CD 121/01). Los fiscales, que fueron invitados a la sesión pública convocada por la Comisión de Legislación General que se celebró el día 9 de abril pasado, dicen en el escrito fechado el 26 de abril:  

"En primer lugar consideramos que el artículo segundo del mentado proyecto en el cual se define como niño/a y adolescente a toda persona que respectivamente cuente con menos de doce años de edad, o más de doce y menos de dieciocho años de edad, excluye injustificadamente de dicho concepto al las personas por nacer". 

"En tal sentido, cabe recordar que el proyecto en su artículo noveno pregona la igualdad ante la ley de todos los niños, sin distinción alguna en función de motivos raciales sexo, color, edad…., etc., no advirtiendo en consecuencia el motivo por el cual deba excluirse de protección legal a las personas por nacer que, según su propia naturaleza, requieren un tratamiento especial, máxime cuando del resultado de los cuidados que se le brinden durante su gestación dependerá en gran medida el futuro desarrollo del niño". 

"Cabe señalar al respecto que tradicionalmente la legislación argentina protegió a las personas poir nacer, otorgándole derechos tanto en el ordenamiento civil como en el criminal, criterio que lejos de ser modificado fue posteriormente ratificado por la ley 23.849 que incorpora a nuestro plexo normativo la Convención sobre los Derechos de los Niños, oportunidad en que la Nación Argentina expresamente declaró que el artículo primero de la misma, debe interpretarse en el sentido de que "niño" es todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los dieciocho años de edad". 

"Siendo así, atento a que la mencionada convención goza de rango constitucional en función de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna toda disposición legal relacionada con los niños y adolescentes debe inexorablemente guardar consonancia con aquella, correspondiendo en consecuencia promover la incorporación de las personas por nacer al cuestionado artículo primero del proyecto de ley referido". 

"En segundo término, quisiéramos referirnos brevemente al artículo treinta y siete del mentado proyecto, que otorga a los adolescentes el derecho a solicitar y recibir por sí mismos los servicios vinculados a su salud sexual y reproductiva, asegurándoles además confidencialidad al respecto". 

"A nuestro modo de ver dicha disposición se halla en contradicción con los principios que rigen el ejercicio de la patria potestad, consagrados en el Código Civil como el art. 18 de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, por los cuales ambos padres tienen derecho a participar de la crianza y educación de sus hijos, sin que el Estado deba inmiscuirse sino excepcionalmente a fin de garantizar el pleno desarrollo del niño". 

"En efecto, la ingerencia del estado en la educación de los niños y adolescentes sólo debe realizarse en forma complementaria a la efectuada por los padres o supletoria en supuestos extremos donde aquellos no la cumplan satisfactoriamente en función de los intereses del niño, pero en modo alguno puede de antemano privarse a los progenitores del derecho a educar a sus hijos". 

"En esa inteligencia, entendemos que toda disposición legal que restrinja el derecho de los padres de educar a sus hijos en cualquiera de los aspectos de la vida de estos, merece ser revisada, por cuanto conculca los principios consagrados en la ley 23.849 en cuanto dispone que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas apropiadas para la orientación de los padres y la educación para la paternidad responsable de sus hijos". 

"Por ello, entendemos que la sanción con fuerza de ley de un proyecto de la naturaleza del analizado, debe necesariamente respetar la función que a los propios padres otorga el resto del ordenamiento jurídico nacional, máxime cuando alguna de sus disposiciones, por su naturaleza supra legal, gozan de una protección especial que impiden su simple modificación por vía legislativa". 

"Finalmente hemos de señalar que compartimos plenamente los argumentos expresados ante dicha comisión por la Licenciada Mónica del Río -del Foro de Familias de Vicente López-, el Dr. Esteva -integrante de la Asociación de Padres de la Ciudad de Buenos Aires- y la licenciada Rosa Carpinetti de Hughes el día 9 de Abril pasado, a los cuales en honor a la brevedad nos remitimos (…)”. Firman los Dres. Roberto Durán, Pablo Domínguez, Pablo Aragón, Fernando Emilio García. 

Otros rechazos del proyecto 

Coincidiendo con los argumentos de estos miembros del Ministerio Público de la Nación, también la Asociación Familias Numerosas (AFAN), las asociaciones Mujeres por la Vida de Santa Fe y General Alvear (Mendoza), Jóvenes Pro-Vida y Vida Más Humana también de General Alvear, Pro-Vida de la Ciudad de Buenos Aires y Convocatoria por la Vida de Santa Fe y San Francisco (Córdoba), han hecho llegar a la Presidencia del Senado sus objeciones exigiendo el rechazo del proyecto. 

Legisladores para no votar, si queremos preservar a la familia 

Este proyecto, que hemos llamado “de sovietización de la familia”, pues no sólo atenta contra la vida humana sino contra la misma institución familiar, tiene su origen en dos proyectos presentados en la Cámara de Diputados por legisladores de clara filiación feminista y abortista: el 0482-D-01, Bárbara Espínola (FREPASO-Pcia de Bs. As.); Federico Soñez (FREPASO-Entre Ríos); Graciela Ocaña (FREPASO, Pcia. de Bs. As.); María Emilia Foco (FREPASO, Neuquén); María Barbagelata (FREPASO, Ciudad de Bs. As.); Marcela Bordenave (FREPASO, Pcia. de Bs. As.) y el 3041-D-01, de Marta Milesi (UCR, Río Negro); Marta Di Leo (UCR, Pcia. de Bs. As.); Haydée Savron (MPN, Neuquén); María Soda (UCR, Misiones); Miguel Bonino (UCR, San Luis); Marta Argul (FREPASO, Jujuy); Mabel Manzotti (UCR, Pcia. de Bs. As.); Sarah Picazo (UCR, Santa Fe); Roberto de Barriazarra (UCR, Río Negro); Margarita Stolbizer (UCR, Pcia. de Bs. As.); Horacio Pernasetti (UCR, Catamarca); Irma Paretella (FREPASO, Ciudad de Bs. As.); Rafael Pascual (UCR, Río Negro); Isabel Foco (FREPASO, Neuquén); Graciela Inda (UCR, Ciudad de Bs. As.).  

El proyecto, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, es impulsado actualmente en el Senado, como ya informamos, por las senadoras Mabel Müller, (PJ, Pcia. de Bs. As.); Marcela Lezcano (UCR, Formosa); Lilia Arancio, (UCR, Jujuy); Mabel Caparrós, (PJ, Tierra del Fuego); Luz Sapag (MPN, Neuquén); Marita Colombo (FCS, Catamarca); Carmen Gómez de Bertone (PJ, La Pampa); Miriam Curletti (UCR, Chaco); Marita Perceval (PJ, Mendoza), etc., además de la diputada Silvia Martínez (PJ, Pcia. de Bs. As.), que se ha hecho presente en algunas sesiones públicas en las que se ha tratado el tema. FIN 

Rueda de Enlace de ONG’s

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NOTIVIDA, Año II, nº 74, Buenos Aires, 08 de mayo de 2002

Editores: Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río

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